La amenaza directa del crimen organizado al primer ministro neerlandés, el liberal Mark Rutte, desestabiliza la dinámica de un político siempre reacio a moverse rodeado de sus guardaespaldas y de una sociedad acostumbrada a toparse con sus políticos en el día a día, sin una seguridad visible.
Ni la Policía, ni la Fiscalía, ni el propio Rutte quieren hacer comentarios sobre la noticia que impacta esta semana a Países Bajos: las autoridades han reforzado las medidas de seguridad del primer ministro porque está amenazado por el crimen organizado, que han enviado a vigías para observar de cerca al político y explorar la mejor forma de abordar un ataque o un secuestro, y así definir un plan para que los sicarios puedan llevarlo a cabo.
Fueron fuentes del gobierno quienes confirmaron a la televisión pública NOS la amenaza a Rutte, que seguía rechazando protección adicional, a pesar de ello. Su equipo de seguridad tuvo que convencerlo en una larga charla para que aceptase medidas adicionales estrictas.
El presidente de la Asociación de Policía Holandesa, Jan Struijs, subrayó que la situación en torno a Rutte es “muy preocupante” y, aunque se negó a entrar en detalles, aseguró que las autoridades ya tienen “una imagen” de la amenaza, pero están todavía tratando de “averiguar quiénes eran exactamente” los que enviaron los supuestos esos vigías.
Las pistas apuntan hacia las mafias de la cocaína, según Struijs, que cree que el crimen organizado “quiere perturbar el Estado de derecho” y que éste “puede arrestarlos o quedarse con su dinero”.
La ausencia de seguridad visible a su alrededor ha caracterizado las tres legislaturas de Rutte desde 2010. Al principio, cuando ganó las elecciones, aceptó las normas y los guardaespaldas le llegaron a acompañar al supermercado a hacer la compra, y alquilaban habitaciones de hotel para acompañarle cuando se iba de vacaciones al extranjero, como cuenta Petra de Koning, autora de un libro-retrato de Rutte.
Pero esa práctica no duró mucho. A Rutte le molestaba la vigilancia visible, quería moverse con libertad por La Haya, acudiendo en su bicicleta a trabajar, solo, sin una caravana de coches siguiéndole para cruzar la ciudad, ni guardias a sus espaldas para ir al supermercado. Su éxito político se ha basado precisamente en esa normalidad y espontaneidad.
Después de eso, subraya De Koning, su seguridad fue todo un dolor de cabeza. Acudía sin protección a pasear con su madre por campo abierto, y en una ocasión pasó varias horas hablando con clientes en la puerta de un supermercado de las afueras de La Haya, donde hizo una parada con su bicicleta porque necesitaba comprar pañuelos de papel.
Y ahora, a pesar de saberse objetivo de las mafias más peligrosas del país, sigue moviéndose sin guardaespaldas visibles para ir de su oficina al Parlamento, unos 200 metros a pie, como demostró este lunes, cuando caminó sonriente hacia una reunión, comiéndose una manzana con una mano y saludando con la otra a los que circulaban por la zona.
Ha tratado de dar una sensación de normalidad, a pesar de que hay un evidente incremento de policías circulando por el complejo parlamentario, de vehículos de la gendarmería militar aparcados en la zona y de agentes especiales del Servicio de Seguridad Real y Diplomática (DKDB), visibles e invisibles a los viandantes.
Después del asesinato el pasado julio del periodista de investigación Peter R. de Vries, quien actuó de confidente de un testigo protegido contra el crimen organizado, Rutte prometió invertir fondos adicionales en la lucha contra estas mafias, lo que se vio reflejado en el presupuesto del Estado para 2022 presentado la semana pasada.
Hasta ahora, el único político neerlandés que necesitaba moverse con guardaespaldas era el ultraderechista Geert Wilders, que, desde hace 16 años, recibe diferentes amenazas por sus declaraciones antiislamistas.
“Terrible. No le deseo esto a nadie. Buena suerte, primer ministro Rutte”, escribió Wilders.
La amenaza del crimen organizado se suma al aumento de las intimidaciones en pandemia. En un país acostumbrado a toparse con diputados tomándose un café en cualquier terraza, los periodistas y políticos se ven desde comienzos de la pandemia obligados a protegerse o tratar de pasar desapercibidos al dispararse la polarización social en Países Bajos.
El democristiano Pieter Omtzigt fue perseguido, intimidado y amenazado de muerte cuando trataba de entrar al Congreso; varios ciudadanos acosaron al ministro de Sanidad Hugo de Jonge en plena calle a gritos de “pederasta” y “gay”; y Rutte y sus ministros tuvieron varios enfrentamientos con manifestantes que se les acercaron de forma agresiva.