Cuando ya solo faltan 10 días para que termine su mandato, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos enfrentará la ira de la Cámara de Representantes de ese país, pues anunciaron que iniciarán con el proceso de destitución.

Por medio de una carta a sus colegas, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU. calificó al presidente estadounidense como una “amenaza a la democracia” tras el asalto que sufrió el Capitolio el pasado miércoles por supuestos seguidores del mandatario estadounidense.

“El horror del ataque continuo a nuestra democracia perpetrado por este presidente se intensifica y también lo es la necesidad inmediata de acción”, expresó Pelosi, quien aseguró que se actuará con solemnidad, pero también con urgencia.

Donald Trump se convertiría en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar dos procesos de destitución.
Pero el proceso no es suficiente, pues la tensión política continúa en Estados Unidos tras el asalto al Congreso, con cada vez más llamados a la renuncia del presidente Donald Trump.

A la oposición demócrata se sumaron varios republicanos, indignados ante el comportamiento del magnate por supuestamente “motivar con su discurso” a sus seguidores a marchar hacia el Congreso tras un acto político en el que repitió sus denuncias de un fraude electoral.
En la caótica y violenta jornada murieron cinco personas, entre ellas un policía del Capitolio.

“Sí que creo que el presidente cometió ofensas dignas de un juicio político (…) Su comportamiento esta semana le descalifica para seguir” como presidente, aseguró el senador republicano Pat Toomey en entrevista en el canal conservador Fox.

En una misma línea se expresó el también senador republicano Ben Sasse, dijo que el presidente Trump ignoró su juramento.
“Creo que el presidente ha ignorado su juramento del cargo (…) para preservar, proteger y defender la Constitución. Actuó en su contra”, apuntó Sasse.

No es la primera vez que el nombre del mandatario del país centroamericano es mencionado en una investigación de narcotráfico. Fue señalado durante el juicio de su hermano, Tony Hernández, de recibir un millón de Joaquín “el Chapo” Guzmán, dinero que utilizaría para financiar su campaña electoral.

Este sábado 9 de enero, fiscales estadounidenses hicieron público un informe en el que hacen graves señalamientos en contra del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

De acuerdo la información publicada en la agencia AP, el mandatario hondureño habría aceptado sobornos de un narcotraficante a cambio de proteger su laboratorio de cocaína y sus actividades. Además, los fiscales aseguran que el presidente Hernández, accedió a que las fuerzas armadas ayudaran a traficar la droga. Estos señalamientos han sido negados por Hernández.

Los documentos judiciales afirman que “el presidente Hernández explicó a otros cómo malversaba dinero de asistencia ofrecido por Estados Unidos a través de organizaciones fraudulentas sin ánimo de lucro. También dijo supuestamente que robaba dinero del sistema de seguridad social de Honduras”.

El presidente no es citado por su nombre en los documentos judiciales, sino que los fiscales lo señalan como CC-4, es decir co-conspirador número 4.

Al presidente se le nombró por nombre y cargo de forma repetida en el juicio a Tony Hernández, su hermano, donde se acusó al mandatario de aceptar un millón de dólares en ganancias de la droga por parte del traficante Joaquín El Chapo Guzmán.

El mandatario no ha sido acusado formalmente de nada por parte de las autoridades estadounidenses, sin embargo, en el paquete de documentos judiciales de más de 55 páginas, los fiscales dicen que Hernández se encuentra fuera del alcance del gobierno estadounidense para recibir una citación y que probablemente Hernández apelaría a su derecho de no hablar si fuera interrogado bajo juramento sobre estas actividades.

Los documentos, presentados el viernes por la noche, hacen referencia al caso de Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, un traficante que fue arrestado el 1 de marzo del 2020 en Miami.
Según documentos presentados por varios fiscales federales en agosto, el presidente Hernández, su hermano menor, otros políticos y agentes de la ley de su país formaron parte de un “plan criminal más amplio» para usar el narcotráfico «con el fin de consolidar el poder y el control en Honduras”.