Un juez peruano ordenó este domingo prisión preventiva de 30 meses para la cuñada del presidente Pedro Castillo, la mayor escalada hasta el momento de una serie de investigaciones de presunta corrupción que involucran a su propia familia.
Yenifer Paredes, hermana de la esposa del mandatario, ha sido criada desde pequeña en el seno familiar de Castillo, quien a menudo se refiere a ella como su “hija”.
“Dispongo la prisión preventiva contra los imputados por el plazo de 30 meses, teniendo en cuenta el tiempo de su detención”, dijo el juez Jhonny Gómez, al precisar que Paredes cumpliría el plazo en febrero de 2025.
La cuñada estaba detenida desde hace dos semanas mientras la investigan por supuestamente integrar una red de corrupción en obras públicas y por lavado de activos, que según la fiscalía estaría dirigida por el propio presidente izquierdista.
Castillo, quien asumió al poder en julio del año pasado, enfrenta varios escándalos y ha sobrevivido a dos intentos de juicio político en el Congreso dominado por la oposición. El mandatario niega las acusaciones y ha acusado a los fiscales de ser cómplices en un intento de sacarlo del poder.
El gobernante encara seis investigaciones fiscales, entre ellas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, de obstrucción a la justicia, de dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor.
Los fiscales buscan probar que la cuñada de Castillo forma parte de un grupo que se dedicaba al tráfico de influencias para asignar contratos públicos a los aliados del presidente en su región natal de Cajamarca, en los Andes peruanos.
Paredes, que ha rechazado las imputaciones, no ha sido acusada de ningún delito y pasará un tiempo en la cárcel mientras los fiscales continúan con sus investigaciones.
Uno de los sobrinos del expresidente y un exministro del actual gobierno, incluidos en las investigaciones fiscales por presunta corrupción, se encuentran prófugos de la justicia.
La esposa de Castillo, Lilia Paredes, también ha sido incluida en las investigaciones y la fiscalía ha solicitado a un juez su impedimento de salida del país durante 36 meses.
Es la primera vez que un presidente en ejercicio en Perú es investigado por la justicia, aunque de acuerdo a la Constitución no puede ser acusado mientras dure su mandato de cinco años.
Casi todos los presidentes en Perú se han visto involucrados en acusaciones de corrupción en las últimos tres décadas. Cuatro exmandatarios están encarcelados, en arresto domiciliario o enfrentando un proceso con una posible condena a prisión.
