Legisladores proponen la #orquiectomía, procedimiento irreversible que consiste en extirparles los testículos a los hombres culpables del delito de violación, pero Derechos Humanos se opone a este tipo de acciones, pues afirman que la violencia no se combate con violencia.

Luego de los sangrientos y violentos acontecimientos que se han registrado en los primeros días de este 2021, varios diputados del Congreso han presentado iniciativas para que los hombres que sean declarados culpables del delito de violación sean castigados con la castración química. Esto luego de que la sociedad guatemalteca manifestara su repudio e indignación por los diversos hechos que han enlutado a varias familias guatemaltecas.

El diputado Juan Francisco Mérida, del partido oficial Vamos, presentó este jueves 28 de enero una iniciativa de ley para extirparle los genitales a quienes sean condenados por el delito de violación.La propuesta busca modificar el Código Penal para que se agregue la “orquiectomía” como una forma de castigo contra los violadores.Según la iniciativa, el procedimiento quirúrgico sería aplicado seis meses antes de que el condenado salga de prisión y también le serían suministrados medicamentos que inhiban la producción de testosterona.Sin embargo, el gran problema en Guatemala, es el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien ha afirmado en reiteradas ocasiones que esa no es la salida para acabar con los crímenes.

La propuesta del diputado Juan Francisco Mérida, del partido oficialista, señala que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) sería el ente encargado de implementar este castigo físico.Varias niñas, niños y mujeres han sido víctimas de violación, pero los agresores no conformes les han quitado la vida.

Tanto la castración como la pena de muerte, es un tema que siempre ha generado conflicto, principalmente con los integrantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues ellos afirman, que la violencia no se combate con más violencia. Pero, el otro grupo y es el mayoritario, cree que se debe cumplir lo que dice la Santa Biblia. “El que a hierro mata a hierro muere”.La semana pasada, el tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, también presentó una iniciativa para castrar químicamente a los violadores.

La diferencia es que, para este tipo de castración, hay que estar dando medicamento cada tres meses a los agresores destinados a reducir la lívido o la actividad sexual, lo que representa un gran gasto para Guatemala. Además, si se deja de dar el medicamento, el deseo al delincuente vuelve.

El expresidente del #Congreso, #PedroMuadi, fue condenado en el 2020 a 30 años de prisión. Este jueves, la Sala de Apelaciones redujo su sentencia a 8 años y le quitó la multa de Q4 millones 376 mil. El exdiputado fue señalado y sentenciado el 2 de marzo del 2020 por haber ordenado los contratos de personas que no asistieron a trabajar, beneficiándose con el salario de ellos, que sumaron más de Q4.3 millones. Según el Tribunal Octavo que lo sentenció, #Muadi, durante su gestión, en el 2013 participó en la creación de las plazas fantasmas, junto a 30 personas más.Sin embargo, este jueves, la Sala Segunda de #Apelaciones redujo la pena del exlegislador y también integrante del extinto Partido Patriota de 30 a 8 años de prisión, luego de anularle el delito de asociación ilícita, por el que tenía que pagar una condena de 9 años y 4 meses.También le quitaron el delito de lavado de dinero, por el que recibió una condena de 13 años y la multa de Q4 millones 376 mil, que también fue anulada.Únicamente cumplirá condena por el delito de peculado por sustracción en el caso Plazas Fantasmas, por el que fue condenado a ocho años y tendrá que pagar una multa de 40 mil.#Muadi fue capturado el 29 de octubre de 2015, por lo que ya pasó 6 años en prisión, solo le hacen falta dos años para cumplir su condena. De acuerdo con la investigación, Muadi tenía asignados 15 guardias para su seguridad personal, quienes eran empleados de la empresa Grupo SIS, la cual les pagaba un sueldo de Q5 mil mensuales.Según las pruebas de la Fiscalía, esa dinámica la realizaron mensualmente de junio de 2013 a enero de 2014, y a través de documentos contables se comprobó que los fondos provenían del Congreso.